El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es el organismo encargado de producir la información que permite entender cómo funciona la Argentina: cómo cambian los precios, cómo se mueve la población, cómo evoluciona el empleo, qué consumen los hogares o cuántas viviendas existen en el país. Sus estadísticas, elaboradas con criterios técnicos y procedimientos estandarizados, son fundamentales para planificar políticas públicas, negociar salarios, proyectar presupuestos y evaluar decisiones del Estado. Cada indicador que publica, desde la inflación hasta el crecimiento económico, forma parte de una infraestructura que sostiene tanto la gestión pública como la vida cotidiana de los ciudadanos.


“El INDEC es un organismo con autonomía técnica y administrativa, pero que depende del Ministerio de Economía. Según sus propios principios, la producción de estadísticas se guía por una serie de criterios, metodología sólida, procesos estadísticos adecuados, que en definitiva dotan al Estado de legitimidad. Si no hubiese información creíble y validada, esos datos dejan de ser utilizables con las consecuencias que esto puede tener para la sociedad”, explica Natán Spollansky, economista del Programa de Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En otras palabras, los datos del INDEC no son solo números: de ellos dependen decisiones tan diversas como negociaciones salariales, niveles de turismo o incluso el registro de personas en centros de detención. Spollansky subraya que la desconfianza en las estadísticas públicas genera descoordinación, desorden y un déficit de confianza muy difícil de revertir.


“Las peores estadísticas públicas están vinculadas a una mayor opacidad y discrecionalidad estatal”, advierte Spollansky


En la práctica, esto se traduce en un sistema que genera periódicamente informes, bases de datos y series de tiempo, disponibles tanto para usuarios internos del Estado como para investigadores, estudiantes, empresas y sociedad civil. “El INDEC funciona de la misma forma que la gran mayoría de los institutos de estadísticas oficiales en los países de la región. Publica informes sobre comercio exterior, distribución del ingreso, mercado de trabajo, turismo y ventas, pensados para nutrir la conversación pública y ayudar a tomadores de decisiones a entender qué está pasando”, comenta Martín Trombetta, doctor en Economía por la UNLP. Para Trombetta, aunque siempre se podría aspirar a más productos e informes, lo que produce el INDEC actualmente está muy bien y se alinea con los estándares de otros países de la región.


Los indicadores oficiales, como inflación, empleo o consumo, funcionan como un lenguaje común que permite la coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil. “Los indicadores oficiales son como un marco común para la discusión entre los distintos actores, lo que permite debatir sobre una base aceptada por todos. Además, el INDEC estandariza y consolida la metodología para que pueda ser usada en la producción científica e investigación”, agrega Spollansky. En ese sentido Trombetta coincide: “Claramente, es indispensable la información que el INDEC produce para la toma de decisiones en todos los órdenes, desde una empresa que proyecta su flujo de fondos hasta el presupuesto nacional o los estudios que hacemos los economistas”. Ambos destacan que la información oficial es irremplazable, y que los investigadores solo pueden complementar, no sustituir, lo que provee el instituto.


“Es indispensable la información que el INDEC produce para la toma de decisiones en todos los órdenes”, afirma Trombetta.


Pero la credibilidad no es un tema menor. La mala interpretación o desconfianza de los indicadores puede generar consecuencias económicas y sociales profundas. “Cuando la ciudadanía, los mercados y la política dejan de creer en las estadísticas oficiales, se rompe el acuerdo básico sobre qué información es válida, lo cual deriva en una situación caótica e inestable y deteriora la democracia. Las peores estadísticas públicas están vinculadas a una mayor opacidad y discrecionalidad estatal”, advierte Spollansky. La experiencia reciente en Argentina lo demuestra claramente, coincide Trombetta: “Durante 2007-2015 hubo una intervención política que violentó la autonomía y el trabajo técnico del INDEC, deviniendo en indicadores probablemente manipulados. Eso fue un golpe de knockout a la credibilidad del organismo, que costó mucho recuperar en las gestiones subsiguientes. La enseñanza es clara: nunca hay que volver a hacer eso”.


Más allá de la credibilidad, existe un desafío en cómo se leen y usan los datos. “Otra discusión completamente diferente son los problemas de interpretación. Que yo haga una buena o mala interpretación de lo que el INDEC produce es algo que corre por mi cuenta”, explica Trombetta. Por su parte, Spollansky señala que los datos solo tienen sentido si se aplican correctamente: “Los indicadores permiten comparar, proyectar y evaluar políticas públicas. Sin esa base común, el trabajo pierde toda rigurosidad”. Según ambos, la responsabilidad de comunicar, educar y formar a la sociedad sobre el uso correcto de los datos no recae únicamente en el INDEC, sino que requiere un esfuerzo colectivo que involucra académicos, periodistas y ciudadanos comprometidos.


Para Trombetta, “toda la sociedad argentina tiene que adoptar un compromiso de informarse más y mejor, y de entender mejor lo que está pasando”.


El INDEC también asegura la transparencia mediante políticas de datos abiertos: los resultados de sus operativos se publican de manera simultánea para todos los usuarios y en diferentes formatos accesibles, preservando el secreto estadístico de la información individual. Cada indicador, cada cifra y cada metodología está disponible para ser revisada, comparada y cuestionada, lo que permite que la información oficial funcione como un bien público. Tal como dice Trombetta: “Toda la sociedad argentina tiene que adoptar un compromiso de informarse más y mejor, y de entender mejor lo que está pasando”. En ese diálogo entre técnica, transparencia y uso ciudadano, los datos del INDEC se consolidan como un pilar indispensable para la planificación, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática.