El propio CEPA, dirigido por la diputada Julia Strada, estimó en 1,2% anual del PBI el costo fiscal de ajustar un 7,2% los haberes, actualizar el bono en $110.000 y reactivar la moratoria. Con el año ya en su segunda mitad, desde Analytica calcularon el impacto fiscal en lo que resta del 2025: “El 3 de julio se dio dictamen al proyecto de ley que establece un incremento del 7,2% en los haberes como recomposición por la pérdida por inflación durante el primer trimestre de 2024. Otro artículo establece un aumento en el bono de $70.000 a $110.000 (57,1%), y su ajuste posterior aplicando la fórmula de movilidad. También incluye una prórroga en la moratoria previsional. Hay 195.208 personas próximas a cumplir la edad de jubilación que cuentan con menos de 20 años de aportes. De aprobarse la ley estimamos que el costo fiscal extra entre agosto y diciembre estaría en $2,7 billones, lo que representa un 0,31% del PBI”. 

Sin embargo no puede dejar de soslayarse que el presupuesto por ejemplo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que depende de la Presidencia, durante los primeros cinco meses del año, trepó un 68%, ya que pasó de $48.253 millones a $80.872 millones.