--°C

En rigor, es la cuarta ampliación del pedido de juicio político que impulsó contra Milei el 6 de febrero de este año por considerar que el Presidente está colocando a la Argentina fuera de la postura histórica de defensa de nuestra región como zona de paz, por subordinar a su juicio de manera unilateral al país a la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente de EEUU,

Donald Trump. Ahora, el eje central de la ampliación gira en torno al denominado “Protecting Global Commons Program”, un esquema de cooperación bilateral que incluye provisión de equipamiento, entrenamiento y desarrollo de capacidades de vigilancia marítima con una proyección de cinco años. Según Marino, este acuerdo se habría instrumentado sin la debida intervención del Congreso, lo que podría implicar una violación de las facultades constitucionales del Poder Legislativo.

En su presentación, el legislador advierte que el programa podría involucrar la incorporación de tecnología sensible —como sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento— y la eventual transferencia o acceso a información estratégica del Atlántico Sur. En ese sentido, alerta sobre un posible riesgo de “cesión de soberanía informacional”, dado que esos datos podrían quedar bajo influencia de actores extranjeros.

Otro de los puntos cuestionados es el encuadre conceptual del acuerdo. Marino objeta la utilización de la categoría de “bienes comunes globales” para referirse a espacios marítimos sobre los cuales la Argentina ejerce derechos soberanos o mantiene reclamos, como el entorno de las Islas Malvinas. A su entender, esa noción podría implicar una redefinición implícita de la jurisdicción nacional en detrimento de la posición histórica del país.

La ampliación también vincula este programa con una serie de decisiones previas del Gobierno, como ejercicios militares conjuntos, la autorización de ingreso de tropas extranjeras por decreto y el acercamiento estratégico al Comando Sur de Estados Unidos. Para el diputado, estos hechos configuran un patrón de “subordinación” de la política de defensa argentina a intereses externos.

Además, Marino plantea que el eventual uso de equipamiento y sistemas bajo estándares o normativa estadounidense —como los previstos en la Sección 333 del Título 10 de ese país— debería ser evaluado por el Congreso antes de su implementación, por tratarse de asuntos vinculados a la defensa nacional y la soberanía.

En el plano institucional, el pedido sostiene que el Ejecutivo no puede avanzar en acuerdos de este tipo sin someterlos a aprobación legislativa, independientemente de la forma que adopten —ya sea carta de intención, memorando o programa de cooperación—, ya que su contenido implicaría compromisos internacionales y transferencia de capacidades estratégicas.

Finalmente, el diputado solicitó la producción de pruebas y la citación de funcionarios clave, entre ellos los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, así como autoridades militares, para esclarecer el alcance del acuerdo y determinar eventuales responsabilidades.