A través de la Ley 27.605, aprobada en diciembre de 2020, se creó el Aporte Solidario y Extraordinario vinculado con el patrimonio de determinadas personas humanas y sucesiones indivisas con carácter de emergencia, por única vez, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia de COVID-19.
En este sentido, el artículo 7º de la norma estableció que el producido de lo recaudado por el aporte será aplicado en cinco puntos claves: equipo médico; becas Progresar; programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación; subsidios a MIPyMES; y el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado a la salud y las condiciones habitacionales de los barrios populares.
Los recursos estimados en $191.250 millones fueron incorporados en el presupuesto nacional a través de la Decisión Administrativa 524 a fines de mayo. Asimismo, se añadieron los conceptos de gastos a los que serían aplicados esos fondos.
Del total de gastos autorizados se devengó el 34,5% ($65.938 millones). Se observó la nula ejecución del Ministerio de Educación para becas PROGRESAR. Este concepto obtuvo un crédito del 20% de la partida ($45.000 millones), sin embargo, aún no se destinó dinero para el programa.
