Para responder al legítimo reclamo de una Justicia que provea “justicia”, y que esta sea ágil, transparente y creíble, debería reformularse ésta con un profundo cambio de gestión. Nos sorprende que el presupuesto del Poder Judicial nacional sea de $68 mil millones y que el 95% se destine a salarios. Esto explica la poca predisposición para invertir en tecnología y el fuerte apego a métodos de trabajo muy arcaicos. Expedientes que se acumulan, se eternizan las causas y como los empleados viven aquejados porque no tienen espacio físico y herramientas de trabajo, el resultado está limitado a siempre más de lo mismo. Bajo estas condiciones –y más allá de la intencionalidad política de la reforma propuesta- todos percibimos que para mejorar los servicios de justicia se necesita actores más honestos y replantear los procedimientos de trabajo, usar tecnologías modernas y obligar al apego de estrictos mecanismos de monitoreo y control de resultados. Así habrá Justicia para toda la población.