La inflación también es campo de manipulación del sentido común. La más frecuente, contrariando la evidencia empírica, atribuye la escalada de precios al aumento artificial de una demanda alimentada por la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Es un planteo para el cual las grandes empresas, las de poder oligopólico, que encabezan y dominan casi todas las ramas de la producción y la comercialización del país, principales responsables de la escalada de precios, no aparecen ni se las menciona.

Construyen su teoría equiparando la lógica de las finanzas públicas a la de un individuo. Argumentan que desde el Estado no se puede gastar más que lo que se tiene y por eso, frente a un déficit fiscal, instrumenta como solución las tradicionales políticas de ajuste, las dirigidas a reducir el gasto público, con preferencia los rubros que atienden el gasto social y el requerido para atender los derechos de las mayorías (salud, educación, servicios públicos, etc.). Alguna vez hasta se recortó el salario de funcionarios públicos. Sólo en forma excepcional se elevan los impuestos con sentido progresivo.

Desde la perspectiva sociopolítica su consecuencia es, junto con el empobrecimiento de las mayorías, la mayor concentración de capitales, base para potenciar el poder oligopólico y por tanto el de los formadores de precio. Más nutriente inflacionaria, justo la que se dice que se proponen aplacar.

Además, este desfinanciamiento y consecuente deterioro de los servicios como resultado de la política de ajuste, es también un modo de abonar condiciones para su privatización, con lo que éstos, transformados en mercancía, quedan expuestos a la lógica del mercado y la acumulación de la ganancia empresaria.

Para más datos, la concepción aquí resumida es la que también está implícita en los acuerdos con el FMI. Basta repasar sus exigencias de evolución decrecientes del déficit fiscal y de emisión monetaria, condicionamientos cuya reformulación tanto preocupa a la derecha y al poder real.

Como solución, entre otras, a la faltante de divisas, se naturaliza la devaluación del signo monetario bajo el supuesto que la mayor competitividad derivada de la nueva relación de cambio y traducida a los precios de lo exportable, incrementará las ventas externas. Entre tanto, se hace caso omiso a su efecto inflacionario, con lo que se retrotrae la ventaja inicial y a la consecuente redistribución regresiva de los ingresos.

Siendo éste un fenómeno reiterado en Argentina, país cuyo centro exportador está concentrado en un puñado de empresas agroexportadoras y mineras, que además no son ajenas al contrabando, a las maniobras de sobre y subfacturación, a la fuga de capitales, a la retención especulativa de cosechas y de liquidación de divisas, canales todos conocidos para su multimillonaria evasión de dólares, se surfea ese faltante con la devaluación, y se oculta y evita poner sobre la mesa la necesidad impostergable de darle al sector público la facultad de asumir la administración del comercio exterior, de rubros estratégicos, y de paso dar por tierra con el interesado y estigmatizado atributo de mal administrador que le adjudican al Estado…cuando regula en contra del poder. El mismo motivo para justificar que “hay que achicar el Estado”, sambenito que el menemato utilizó para privatizar los puertos a la vera del Río Paraná, instrumento vinculante para la concreción de los ilícitos mencionados. (Hidrovía).

Otra. Ahora la urgencia por recomponer el stock de divisas y habida cuenta de las formidables reservas de recursos naturales – litio y otros – se trata de imponer el discurso de la conveniencia de su mayor y más rápida explotación y exportación en bruto, sin industrializar y sin importar en manos de quién quedan los resultados. Por eso la aberrante reforma constitucional en Jujuy de Gerardo Morales y las explícitas preocupaciones de Laura Richardson, jefa del comando Sur de EE.UU.

Presentados como problemas cuya solución es de interés general, se reclama la reforma laboral y previsional, tratando de ocultar que lo que en realidad se pretende es dar satisfacción a la voracidad del capital a cambio de la pérdida de derechos de los asalariados. Tal el caso, entre otros, el de las indemnizaciones por despido sin causa, a la que responsabilizan a la inexistente “industria del juicio” y, por ello, falacia probada, la escasa predisposición empresaria a la contratación de trabajadores. El crecimiento del trabajo precario y no registrado lo prueba.

En lo de lo previsional, se pretende la reducción de las contribuciones patronales y, en especial, restaurar un símil del degradado esquema de las viejas AFJP, manjar del capital bancario y financiero.

Ejemplos como los hasta aquí presentados, al expresar conflictos que terminan afectando las condiciones de vida de los trabajadores y demás sectores populares, tarde o temprano derivan en luchas reivindicativas, de resultados siempre transitorios. Al tiempo el problema, pero agravado, vuelve a aparecer.

Cuando estas luchas quedan sólo en eso, en lo reivindicativo, poco es el avance en la elevación de la conciencia de los afectados, y limitado por eso los resultados con vistas a la solución efectiva y perdurable de sus problemas. El acompañamiento del debate ideológico y la elaboración y difusión de una base programática es por eso vital. La transformación es necesaria y es posible

De lo que se trata apunta pues a la necesidad de un cambio cultural, a la comprensión de la importancia de la acción unitaria y coordinada y en especial a que la problemática que los afecta, que sistemáticamente se repite y agrava al paso del crecimiento de la concentración de riqueza , responde a la matriz de un modo de organización y funcionamiento social que, beneficiando en especial al capital concentrado, al capital financiero y a las multinacionales, termina perjudicando cada vez más a las mayorías. Perjuicios que sólo se resuelven en el marco de un modelo de sociedad alternativa, distinta, inclusiva, sostenida por una democracia que reconozca el derecho de las organizaciones populares a participar en la definición de las decisiones fundamentales de orden público y de interés social. En suma  centrarse en el crecimiento del PIB no es el problema, el problema es que si ese crecimiento va al 2% de la población y el 98% pierde, además de ser injusto, se genera un problema sociopolítico.