Este ítem, que consiste en que el Estado se preste dinero a sí mismo, rondaba los US$ 140 mil millones al cierre de 2016, un monto que equivale al 52% de la deuda general de la Nación y al 28% de la actividad económica. La performance es proporcionalmente menor a la registrada en 2015, antes del cambio de gestión. En efecto, aquel año la deuda intra sector público representó un 60% de los compromisos globales del Estado y un 31% del PBI. La evolución Esta herramienta nació tras la crisis de 2001, con un préstamo pedido al Banco Central por algo más de mil millones de dólares. ¿Cómo funcionaba? Sintéticamente: se le pedían adelantos transitorios a la autoridad monetaria a cambio de letras intransferibles. Con el tiempo, la modalidad se convirtió en un mecanismo de financiamiento habitual para la gestión anterior que, de hecho, involucró a más agencias del sector público, como el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y hasta la Agencia de Noticias Télam. Así, aquel préstamo original de 2002 por US$ 1.079 millones, que significaba el 0,5% del PBI, se multiplicó varias veces hasta alcanzar, en 2009 por ejemplo, los US$ 70.269 millones. Lo que implica que, durante los primeros siete años de su historia, la deuda intra sector público pasó de una posición marginal a representar el 21% de la actividad económica de entonces y el 44% de los compromisos totales. Tras semejante evolución, la deuda intra sector público siguió creciendo, aunque a menor ritmo. Cómo bajó la deuda intra sector público de 2015 a 2016. Así llegó a 2015 cuando, como ya se dijo, significó un 60% de los compromisos globales del Estado y un 31% del PBI. Ahora bien, ¿por qué se redujo la participación de la deuda intra sector público? Básicamente, porque desde 2016 se dejaron de colocar letras en el Banco Central en busca de dólares que sirvieran para cancelar vencimientos con acreedores privados. Paralelamente, se registró un aumento del endeudamiento externo que se inició el mismo año pasado, con la emisión de US$ 16.500 millones destinados en gran parte al pago de los compromisos con los acreedores que no ingresaron a los dos canjes de la deuda, también llamados hold outs.